El miércoles 11 de noviembre se reanudó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en el legajo caratulado “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”, conocido públicamente como causa “Acueducto Gran Tulum”. La audiencia fue presidida por la jueza de Garantías, Dra. Mónica Lucero.
En esa jornada, el Ministerio Público Fiscal terminó de exponer los hechos investigados y la participación que atribuye a cada una de las once personas investigadas. También expuso la calificación legal de esas conductas.
Luego, la defensa de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez solicitó que se declarara la nulidad absoluta del procedimiento. Los abogados de Sergio Uñac y Cristian Andino adhirieron al pedido. El planteo se refiere a la forma en que se resolvió una recusación presentada con anterioridad contra la Dra. Lucero, es decir, un pedido para que se apartara de la causa.
La nulidad absoluta es el pedido para que se declaren inválidos uno o más actos del proceso que se hubieren realizado violando garantías constitucionales de las personas investigadas. Si se hiciere lugar, los actos afectados perderían sus efectos y deberían volver a realizarse conforme a la ley.
El Ministerio Público Fiscal se opuso a la petición. Sostuvo que tenía carácter dilatorio y que las defensas no habían demostrado un perjuicio concreto que justificara la nulidad.
La jueza Lucero dispuso un cuarto intermedio para analizar el planteo y tomó el plazo de tres días hábiles que corresponde para resolverlo. Señaló que la presentación debió hacerse antes del inicio de la audiencia. Aun así, entendió que no podía continuar sin resolver antes el incidente, porque de lo contrario podrían producirse nuevas nulidades, incluso de carácter insalvable. Dará a conocer su resolución el martes 17 de noviembre a las 14:30, y las partes deberán estar presentes.
La audiencia de formalización no ha terminado. Resta aún que la jueza resuelva el pedido de nulidad y, según lo que decida, que se pronuncie sobre la formalización. Hasta entonces, las once personas investigadas no están formalmente imputadas.
